La importancia de la prueba en el proceso judicial: donde realmente se define el resultado

En el ejercicio profesional, muchas veces el cliente llega convencido de que “tiene la razón”. Y puede que así sea. Pero en el ámbito judicial uruguayo no alcanza con tener razón: hay que probarla.

La etapa probatoria suele ser la más exigente del proceso. Implica recopilar documentación, ordenar comprobantes, reconstruir hechos, ofrecer testigos, preparar interrogatorios, solicitar informes y, en ocasiones, insistir donde parece que nada avanza. Puede resultar tediosa, tanto para el abogado como para el cliente. Sin embargo, es precisamente allí donde se juega el resultado del juicio.

En el proceso judicial, la prueba no es un complemento: es el corazón de la decisión.

1. El principio: quien afirma, prueba

El derecho procesal uruguayo, bajo el marco del Código General del Proceso (CGP), establece un principio básico: la carga de la prueba recae sobre quien afirma los hechos constitutivos de su pretensión.

Esto significa que no basta con alegar que:

• se cumple con las obligaciones alimentarias,
• el niño reside efectivamente con uno de los progenitores,
• existe incumplimiento del régimen de visitas,
• se produjo un cambio sustancial en las circunstancias,
• o que determinada situación afecta el interés superior del niño.

Cada uno de esos extremos debe acreditarse mediante prueba idónea. El juez no puede fallar en base a percepciones o intuiciones. Debe hacerlo en base a hechos probados en el expediente.

2. En materia de familia: la prueba como garantía del interés superior del niño

En los procesos de familia —tenencia, régimen de visitas, pensión alimenticia, modificación de medidas— la prueba adquiere aún mayor relevancia.

El juez no decide “a favor del padre” o “a favor de la madre”: decide en función del interés superior del niño, principio rector reconocido por nuestra normativa interna y por la Convención sobre los Derechos del Niño.

Pero ese interés superior no se presume en abstracto. Se construye a partir de elementos objetivos:

• Informes técnicos (INAU, equipos interdisciplinarios).
• Prueba testimonial.
• Documentación médica o escolar.
• Comprobantes de gastos.
• Constancias laborales.
• Prueba pericial cuando corresponde.
• La escucha del propio niño, según su edad y grado de madurez.

Cada documento guardado, cada mensaje preservado, cada recibo conservado, puede convertirse en pieza clave del proceso.

3. La estrategia probatoria: más que acumular papeles

La prueba no es simplemente juntar documentos. Es diseñar una estrategia coherente.

Un buen trabajo probatorio implica:

• Determinar qué hechos deben probarse.
• Seleccionar qué medios probatorios son pertinentes.
• Anticipar la prueba de la contraparte.
• Preparar adecuadamente a los testigos.
• Solicitar oficios e informes en tiempo y forma.
• Fundar jurídicamente la pertinencia de cada medio de prueba.

Muchas veces el resultado del proceso no depende tanto de quién “habla mejor” en audiencia, sino de quién construyó mejor el expediente desde el inicio.

En Uruguay, el sistema procesal otorga centralidad a la audiencia y a la inmediación judicial. Pero esa audiencia se apoya en lo que fue correctamente ofrecido y diligenciado en etapa probatoria. Lo que no se prueba, no existe para el proceso.

4. La prueba como acto de responsabilidad profesional

Para el abogado, la etapa probatoria puede ser la más demandante: insistir en conseguir documentación, pedirle al cliente que ordene información, explicarle la importancia de detalles que parecen menores.

Sin embargo, esa rigurosidad no es formalismo: es responsabilidad.

Una sentencia favorable muchas veces se construye meses antes, cuando se decide no omitir un testigo clave, cuando se exige un comprobante más, cuando se solicita un informe adicional o cuando se fundamenta adecuadamente una petición probatoria.

El proceso judicial no se gana por impulso. Se gana por estructura.

Conclusión

La prueba es el eje sobre el cual gira todo el proceso judicial. Es lo que transforma una historia en un hecho acreditado. Es lo que permite que el juez fundamente su decisión. Es, en definitiva, lo que protege los derechos de las partes.

Puede resultar una etapa exigente, meticulosa y hasta desgastante. Pero es también la instancia donde se construye la verdadera fortaleza del caso.

En derecho, no alcanza con tener razón. Hay que demostrarla. Y ese trabajo, muchas veces silencioso y detallista, es el que termina definiendo el resultado.